La seguridad eléctrica pocas veces es el centro de la conversación pública. Sin embargo, está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana e industrial: desde la infraestructura crítica y los procesos productivos hasta los dispositivos que utilizamos todos los días.
En este contexto, cualquier modificación en el marco regulatorio merece una mirada que vaya más allá de lo administrativo. Y eso es exactamente lo que ocurre con la Resolución 237/2024 emitida en Argentina.
A primera vista, la medida apunta a simplificar procesos y reducir cargas administrativas mediante la apertura al reconocimiento y aceptación de ensayos internacionales. Pero, en términos más profundos, introduce un cambio relevante en la forma en que el país entiende y gestiona la seguridad eléctrica.
Hasta la entrada en vigente de la Res. 237/2024, el esquema argentino se apoyaba principalmente en certificaciones locales obligatorias previas a la comercialización. Con sus fortalezas y limitaciones, este modelo funcionaba como una barrera preventiva frente a riesgos ampliamente conocidos: fallas de equipos, incendios o accidentes por contacto eléctrico.
La novedad más significativa es la posibilidad de aceptar ensayos y certificaciones realizados en el exterior en forma directa, algo que en muchos mercados desarrollados ya forma parte de la dinámica habitual para evitar duplicaciones y agilizar la disponibilidad de tecnología.
Desde una perspectiva industrial, esto representa una oportunidad concreta. La aceptación de estándares internacionales puede facilitar el ingreso más rápido de tecnologías, en especial aquellas alineadas bajo normas IEC. Lo anterior se traduce en mayor competitividad de sectores donde la innovación y la velocidad de implementación son cada vez más determinantes.
Sin embargo, simplificar no es sinónimo de eliminar el riesgo. La apertura regulatoria obliga a poner el foco en otros factores que pasan a ser críticos: la trazabilidad de los ensayos, la acreditación de los organismos certificadores, laboratorios de ensayo y la equivalencia técnica entre normas. Porque no todos los laboratorios operan bajo los mismos criterios ni todos los sistemas de certificación ofrecen el mismo nivel de robustez.
En este nuevo escenario, la discusión deja de centrarse únicamente en si un producto está certificado y pasa a enfocarse en qué certificación posee, bajo qué estándares fue obtenida y qué garantías técnicas ofrece realmente.
También cambia la distribución de responsabilidades. Con menos controles previos centralizados, fabricantes, importadores, integradores y profesionales técnicos asumen un rol mucho más activo en la validación de las condiciones de seguridad de los equipos y sistemas que ingresan al mercado o se integran en instalaciones existentes.
Y aquí emerge un punto clave: un equipo certificado no es automáticamente seguro si no se instala, configura u opera dentro de las condiciones adecuadas y con el equipo profesional técnico idóneo.
En el ámbito industrial, donde conviven infraestructuras complejas, continuidad operativa y altos requerimientos de confiabilidad, el criterio técnico sigue siendo determinante.
Por otro lado, la menor carga de verificación previa incrementa la relevancia de lo que sucede después de la comercialización: auditorías, vigilancia de mercado, controles operativos y monitoreo continuo. Detectar desvíos a tiempo es tan importante como evitar el ingreso inicial de productos no conformes.
También surge un desafío vinculado al usuario final. La disponibilidad de más productos y certificaciones internacionales puede ser positiva, pero interpretar correctamente qué representa cada sello, estándar o acreditación no siempre es sencillo. En este punto, la capacitación y la comunicación técnica adquieren un rol estratégico.
Más que una simple desregulación, la Resolución 237/2024 plantea un cambio de paradigma: pasar de un modelo menos centrado en el control previo y más apoyado en la responsabilidad distribuida, la madurez técnica y la capacidad de los distintos actores para gestionar el riesgo de manera adecuada.
Como ocurre con muchos procesos regulatorios, el verdadero desafío no está únicamente en la norma, sino en cómo se implementa. La aceptación de ensayos internacionales puede convertirse en una herramienta valiosa para ganar eficiencia, competitividad e integración global. Sin duda, el éxito dependerá de sostener estándares técnicos sólidos y de fortalecer la cultura de seguridad eléctrica en toda la cadena de valor.
En conclusión, la seguridad eléctrica seguirá dependiendo —más que nunca— de la calidad de las decisiones técnicas en conjunción con la experiencia y el criterio profesional que siguen siendo irremplazables y capitalizables en la medida en que la tecnología y las necesidades evolucionen. Desde la experiencia en Argentina, y en el contexto actual del mercado colombiano, queda abierta una reflexión para los distintos actores del sector: ¿cómo acompañar esta evolución manteniendo el equilibrio entre regulación, capacidad técnica y responsabilidad profesional?
