Por el Dr. Diego Di Giorno, Director en Compliance y Nuevas Tecnologías.
El fenómeno de la corrupción es un problema que ha impactado en todas las agendas latinoamericanas. Este fenómeno ha ocupado un lugar sobresaliente en las plataformas y programas políticos; es dable aclara, se ha convertido en un inconveniente para la eficiencia del sistema democrático, lo que ha reverberado en los niveles de satisfacción con este régimen.
Gran cantidad de diversos estudios han analizado que la corrupción tiene consecuencias disruptivas en los ámbitos político, social y económico. En consecuencia, la corrupción puede dar cuenta en nuestro día a día, en nuestras transacciones rutinarias (por ejemplo, trámites burocráticos), estas se han traspolado en prácticas que deben ser pagadas (soborno) para que se ejecuten de forma más eficiente. A razón de verdad se puede percibir en aspectos más profundos y fundamentales de los regímenes democráticos, en los que corrompe el vínculo entre las decisiones que se toman colectivamente y la capacidad de la sociedad para influir en ellas a través de aspectos básicos y necesarios para el sistema democrático -como las discusiones colectivas, el debate o el voto mismo.
El Índice de Percepción de corrupción (INDEX) puntúa y clasifica los países / territorios en función de qué tan corrupto es percibido por los expertos y ejecutivos de empresas en el sector público de un país. Es un índice compuesto, por una gran combinación de encuestas y evaluaciones de corrupción, recopiladas por una gran variedad de instituciones acreditadas. El IPC es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo. En consecuencia, clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, según expertos y empresarios. El análisis de este año muestra que la corrupción es más generalizada en países donde grandes cantidades de dinero pueden fluir libremente hacia las campañas electorales y donde los gobiernos solo escuchan las voces de personas adineradas o bien conectadas.
Delia Ferreira Rubio, Chair Transparency International, soslaya que “los gobiernos deben abordar urgentemente el papel corruptor del gran dinero en el financiamiento de los partidos políticos y la influencia indebida que ejerce en nuestra política. Hacemos responsables a los poderosos y corruptos, exponiendo los sistemas y redes que permiten la corrupción. Abogamos por políticas y leyes para cambiar el sistema y construimos coaliciones para impulsar el cambio nacional, regional y global. (…) Nuestra visión de un mundo libre de corrupción no es un fin en sí mismo. Es la lucha por la justicia social y económica, los derechos humanos, la paz y la seguridad”.
Lina Anllo, Presidente de la World Compliance Association, aclara que Argentina el 1 de marzo de 2018, ha dictado una ley que responsabiliza a las personas jurídicas por hechos de corrupción, incorporando dentro de esta ley lo que son los programas de integridad, o programas de compliance. Esta ley se dicta, en primer lugar, para cumplir compromisos internacionales, para poder ser miembro OCDE, pero fundamentalmente es un instrumento para combatir la corrupción. “Hemos dado pasos importantes en la materia, pero no sólo es un tema local, también se presenta en Perú, en Chile tenían ley contra la corrupción desde 2009, también se ha dictado en Brasil, en Bolivia, en Colombia. Toda Latinoamérica se ha sumado a esta lucha contra este flagelo que es la corrupción.»
